San Raymundo Jalpan, Oax. 27 de febrero de 2022.- Como parte de las acciones contra la violencia hacia las mujeres, en el Congreso de Oaxaca se propuso legislar para que exista como mínimo un refugio en cada región del estado.

Se trata de una iniciativa para agregar el artículo 85 bis, ter y quater a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se establece la obligación de habilitar más espacios seguros para la protección de mujeres víctimas de violencia.

Además, se instruye a la Fiscalía especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género, a la Secretaría de la Mujer y al municipio apliquen medidas integrales para atender, comprender y reparar el ejercicio de los derechos y libertades de la víctima o sus hijas e hijos menores de edad, o dependientes directos que tengan una discapacidad y resulten afectados por las agresiones.

La violencia contra las mujeres no es natural, es un problema prevenible y reversible cuando las víctimas encuentran la atención especializada, derecho que hoy ya se establece claramente en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En Oaxaca, hasta diciembre de 2021 había una población de dos millones 157 mil 305 mujeres, de las cuales, 45 fueron víctimas de un delito en ese año, en su mayoría de feminicidio. En ese mismo período, 60 casos fueron catalogados como homicidios dolosos en mujeres, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En el 2014, Oaxaca ocupó el tercer lugar a nivel nacional en feminicidios con un total de 351 casos, de los cuales 58.9% de los asesinatos fueron cometidos con arma de fuego, 34% de estas muertes ocurrieron en sus viviendas, 36% en la vía pública y 16% en otro lugar como escuela u oficina; asimismo, se reportaron 643 mujeres desaparecidas, 64 casos de suicidio, 241 delitos sexuales, 33 casos de violencia política de género y 328 casos de violencia familiar.

La iniciativa con proyecto de decreto presentada ante el Pleno por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, fue turnada a la Comisión Permanente de Igualdad de Género para su análisis y dictamen.