El ex ejecutivo de la empresa Baker Hughes Co. citado en la investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que fuera ampliamente difundida por el comentarista Carlos Loret de Mola y, posteriormente por Carmen Aristegui, declaró que nunca tuvo conocimiento previo de quien era la persona que rentaba su casa.

Dicha investigación insinuaba un supuesto conflicto de interés pues suponían que la propiedad, con valor superior a un millón de dólares, le habría sido obsequiada a José Ramón López Beltrán como contraprestación por contratos en asignación directa en Petróleos Mexicanos (Pemex) a la empresa que dirige su suegro, infiriendo con esto un posible tráfico de influencias.

Sin embargo, Keith Schilling, propietario de la residencia y quien fuera empleado en Baker Hughes de 2016 a 2019, envió una declaración de hechos al medio norteamericano Bloomberg News, en donde explica que, al mudarse a trabajar en Canadá, puso su casa en renta por medio de una empresa especializada en el ramo, quienes se encargarían de buscar inquilinos.

No tuve relación previa, contacto personal o familiar con el inquilino o su familia de manera alguna y ninguna de mis labores, responsabilidades, actividades de negocios o contratos tuvieron que ver, de forma alguna, con México.afirma Schilling.

Esta declaración hecha por tierra todas las inferencias, suposiciones e insinuaciones contenidas en la supuesta investigación que falló en un aspecto crucial: contactar al propietario de la casa.

El mal logrado reportaje, profusamente difundido por los comunicadores mencionados y otros varios más, quienes no tuvieron la pulcritud ética de verificar su contenido, ha tenido graves consecuencias en la reputación y el honor, tanto del Presidente Andrés Manuel López Obrador como de su hijo José Ramón, al grado de que legisladores de Partido Acción Nacional (PAN) acudieran a la Fiscalía General de la República (FGR) a exigir una investigación y que la senadora Lilly Téllez propusiera una comisión especial en el Senado de la República para atender este caso.

Sin embargo, ante la evidente calumnia que representa este reportaje, quienes se dicen “agredidos” y “ofendidos” son aquellos que, sin pudor alguno, difundieron la falaz desinformación.